El cáncer de la corrupción urbanística
Por desgracia para este país -aunque seguro estoy que lo es también para otros muchos, quizás incluso, para la mayoría- el problema de la corrupción urbanística es de tal calado, rezuma tanta mierda -con perdón-, tanto descaro, tanta desvergüenza... que la ciudadanía ha de sentirse hastiada hasta la desazón, de ver cómo personas de su entorno cercano sin saber de dónde ni por qué, en plazos muy cortos de tiempo amasan un patrimonio escandaloso sin que ningún órgano de gobierno -legislativo, ejecutivo o judicial- haga nada para remediarlo.
Hay alcaldes, concejales de urbanismo o de cualquiera otra área, políticos en activo o que tuvieron responsabilidades en otra época y en otras administraciones públicas, jueces, fiscales, policías, funcionarios de administraciones diversas..., que han tenido -por hacer la vista gorda, por permitir una recalificación, por participar de las plusvalías...- que ver con el hecho de que algunos mal llamados empresarios, constructores o promotores -con la excusa peregrina de que generan puestos de trabajo y riqueza- se estén forrando a costa de encarecer la vivienda en esta malparada España y generando, encima, una burbuja inmobiliaria que estallará cualquier día de estos afectando a decenas de miles de pequeños ahorradores que hipotecan sus vidas y las de sus descendientes, sólo y exclusivamente por ejercer el derecho constitucional de poseer una vivienda digna.
La corrupción urbanística es de tal magnitud, hay tantos intereses escondidos en las tramas que la soportan, tantos sobres o maletines que caminan hacia un lado y hacia otro ante los ojos atónitos de la ciudadanía que lo intuye pero nada puede hacer, que la vergíenza que esta situación de impunidad genera, es tal, que en algún momento le pasará factura a los partidos políticos: a todos los partidos políticos, sin excepción.
De aquí a dos años los que hollamos esta tierra llamada España, habremos de pasar por el ejercicio democrático de ir a las urnas en varias convocatorias electorales -locales, autonómicas, nacional y europea-, y los trapos sucios de unos y de otros -que son conocidos por los unos y por los otros- se van a ir destapando poco a poco -cuando convenga al adversario de turno según el lugar de influencia y de poder- sacando a flote tal cantidad de mierda -perdón, reitero-, que la credibilidad de la clase política indudablemente se verá mermada en un buen porcentaje.
No todos los políticos son corruptos; tampoco todos los jueces, fiscales, funcionarios, constructores o promotores, sólo son unos pocos; pero hay una partida de sinvergíenzas engolfados en el negocio del dinero rápido procedente del ladrillo -esos que viajan con total impunidad en sus grandes coches, navegan en sus grandes barcos, viven en mansiones lujosas, compran cotos de caza, reparten dividendos a diestro y siniestro con sus lustrosas chequeras...- a los que alguien tendrá que parar de una vez y mandarlos directamente a la cárcel. La Inspección Nacional de Hacienda y la Fiscalía tienen mucho que decir en esta materia. Como ciudadano espero -y exijo- que lo estén haciendo. Sólo es cuestión de controlar los ingresos y los gastos de todas aquellas personas -así cómo a sus familiares y a las sociedades en que participan- relacionadas con el urbanismo en este país. A todas sin excepción. Y que se salve quien pueda.
Hay alcaldes, concejales de urbanismo o de cualquiera otra área, políticos en activo o que tuvieron responsabilidades en otra época y en otras administraciones públicas, jueces, fiscales, policías, funcionarios de administraciones diversas..., que han tenido -por hacer la vista gorda, por permitir una recalificación, por participar de las plusvalías...- que ver con el hecho de que algunos mal llamados empresarios, constructores o promotores -con la excusa peregrina de que generan puestos de trabajo y riqueza- se estén forrando a costa de encarecer la vivienda en esta malparada España y generando, encima, una burbuja inmobiliaria que estallará cualquier día de estos afectando a decenas de miles de pequeños ahorradores que hipotecan sus vidas y las de sus descendientes, sólo y exclusivamente por ejercer el derecho constitucional de poseer una vivienda digna.
La corrupción urbanística es de tal magnitud, hay tantos intereses escondidos en las tramas que la soportan, tantos sobres o maletines que caminan hacia un lado y hacia otro ante los ojos atónitos de la ciudadanía que lo intuye pero nada puede hacer, que la vergíenza que esta situación de impunidad genera, es tal, que en algún momento le pasará factura a los partidos políticos: a todos los partidos políticos, sin excepción.
De aquí a dos años los que hollamos esta tierra llamada España, habremos de pasar por el ejercicio democrático de ir a las urnas en varias convocatorias electorales -locales, autonómicas, nacional y europea-, y los trapos sucios de unos y de otros -que son conocidos por los unos y por los otros- se van a ir destapando poco a poco -cuando convenga al adversario de turno según el lugar de influencia y de poder- sacando a flote tal cantidad de mierda -perdón, reitero-, que la credibilidad de la clase política indudablemente se verá mermada en un buen porcentaje.
No todos los políticos son corruptos; tampoco todos los jueces, fiscales, funcionarios, constructores o promotores, sólo son unos pocos; pero hay una partida de sinvergíenzas engolfados en el negocio del dinero rápido procedente del ladrillo -esos que viajan con total impunidad en sus grandes coches, navegan en sus grandes barcos, viven en mansiones lujosas, compran cotos de caza, reparten dividendos a diestro y siniestro con sus lustrosas chequeras...- a los que alguien tendrá que parar de una vez y mandarlos directamente a la cárcel. La Inspección Nacional de Hacienda y la Fiscalía tienen mucho que decir en esta materia. Como ciudadano espero -y exijo- que lo estén haciendo. Sólo es cuestión de controlar los ingresos y los gastos de todas aquellas personas -así cómo a sus familiares y a las sociedades en que participan- relacionadas con el urbanismo en este país. A todas sin excepción. Y que se salve quien pueda.
A estas alturas de la película, y en previsión de la borrasca que se avecina, pienso que el mejor negocio que puede hacer, hoy día, un constructor es levantar carceles, porque creo que van a hacer falta un buen puñado de ellas para enchironar al rebaño de granujas, tunantes y mangurrianes que poblan este pais de especulación y ladrillazo. En cualquier momento, como bien dices Paco, la burbuja inmobiliaria del copón pega el gran peo del siglo y no van a haber celdas suficientes. Ya veremos. Saludos.