¿ NUNCA MÁIS ? ( by Quilombo )

Samuel Pulido.

Mayo/2010

Llevamos varios días mirando embobados el petróleo que sale a chorro del accidentado pozo submarino de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de Transocean y alquilada por BP (la antigua British Petroleum), y que se ha ido esparciendo progresivamente frente a las costas de los Estados de Luisiana, Mississippi y Alabama.

Pero el vertido comenzó en realidad hace más de un mes, desde el mismo momento (el 20 de abril) en que se produjo una explosión en la plataforma que acabó con la vida de once trabajadores procedentes en su mayor parte de los citados Estados.

Al principio tanto BP como la Guardia Costera estadounidense negaron, primero, y minimizaron, después, la importancia del derrame. El gobierno de los Estados Unidos, con el Presidente Barack Obama a la cabeza, reaccionó tarde y mal.

Con independencia de cuáles hayan sido las causas inmediatas del accidente, existe una razón de fondo por la que se ha producido el desastre: "la existencia de una empresa a la que el gobierno autorizó a explotar reservas de petróleo y gas natural en entornos remotos y bajo condiciones de operación altamente riesgosas." (Michael T. Klare en Tomgram, traducido en Rebelión). Es la carrera por el "nuevo petróleo" ante el progresivo agotamiento de las reservas existentes: de menor calidad y en zonas más profundas y difíciles para extraer, lo que entraña riesgos más elevados. Como ha puesto de manifiesto el accidente de Deepwater, el potencial impacto ecológico de estas actividades sigue sin ser una de las principales preocupaciones de las corporaciones y de los gobiernos.

Ante lo que ya es la mayor catástrofe medioambiental de la historia de los Estados Unidos, Barack Obama ha declarado que la responsabilidad es de BP y que será esta compañía la que pague por los daños ocasionados (¿quién se atreve a poner un precio?). Sin embargo, pese a la campaña de comunicación de la Casa Blanca, difícilmente se puede ocultar la responsabilidad del gobierno, que es enorme. BP alquiló la plataforma bajo la administración Bush en 2007 (en el marco del plan de perforación en el fondo marino 2007-2012) y obtuvo la licencia de perforación ya con la administración Obama el 6 de abril de 2009. Días después, el 18 de abril, un tribunal federal canceló el programa de extracción en aguas abiertas (offshore) de nuevas reservas de gas y de petróleo en el Ártico, aprobado por George W. Bush, precisamente porque no se había estudiado adecuadamente el impacto medioambiental. En lugar de revisar a fondo los planes de exploración y perforación en el Golfo de México, aprovechando además el impulso a las energías renovables que había prometido, a los pocos meses el gobierno estadounidense obtuvo por vía judicial el permiso para continuar con la extracción de petróleo en aguas del Golfo de México. El gobierno deseaba conseguir la "autosuficiencia" en materia de hidrocarburos para depender menos de las importaciones. La decisión de financiar la construcción del primer reactor nuclear en tres décadas apunta en la misma dirección. Finalmente, el 31 de marzo de 2010, apenas veinte días antes de la catástrofe, Barack Obama anunció una expansión de la extracción de hidrocarburos en los fondos marinos de la costa Atlántica, del Golfo de México y de Alaska, pese a las protestas de las organizaciones ecologistas. Las propuestas económicas de Obama son tan verdes como el logo de BP.

La falta de control sobre las posibles consecuencias negativas de estas extracciones es asombrosa: el Centro para la Diversidad Biológica (CDB), una de las organizaciones ecologistas más importantes del país, ha demostrado cómo el Servicio de Gestión de Minerales concedió y concede licencias de explotación con una cláusula -denominada de "exención categórica"- que exime a las compañías de realizar estudios completos de impacto medioambiental. La licencia de la explotación de BP incluye una de estas cláusulas, al igual que 26 de las 27 nuevas licencias que ha concedido el gobierno desde la explosión del 20 de abril. El CDB ha hecho una comparación muy ilustrativa entre dos licencias otorgadas a BP, la del accidente y la que obtuvo después -y a pesar- de la explosión.

Resumiendo, los Planes de Exploración que se incluyen en las licencias que ha concedido el gobierno lo dejan todo en manos de la empresa y no exigen ningún tipo de garantías dignas de tal nombre. Se supone que hay un "Comando Unificado" que reuniría a BP con diversas agencias estadounidenses, como la Guardia Costera o el Departamento de Interior. En la práctica, es BP la que dirige la operación de sellado de la fuga (lo que se justifica por sus conocimientos técnicos), pero también las de limpieza, mediante el empleo de agentes químicos de dispersión muy tóxicos, haciendo caso omiso a la Agencia de Protección del Medio Ambiente. BP, con el beneplácito inicial del gobierno, quiso encubrir las verdaderas dimensiones de la tragedia. Aún hoy sigue sin compartir toda la información de que dispone ni con la comunidad científica, ni con el gobierno federal, ni con las autoridades locales, las cuales se encuentran supeditadas a lo que decida la compañía. Por ello resulta poco creíble la declaración de Barack Obama de hace unos días, cuando afirmó que estaba determinado a poner fin la "escandalosa" relación corrupta entre la industria petrolera y la agencia de gobierno a cargo de su supervisión.

Efectivamente, de momento BP controla por completo el acceso a las zonas afectadas. BP centraliza el trabajo de unos voluntarios y ciudadanos que están cada vez más hartos. Y es BP la que filtra o impide el acceso a los periodistas, en ocasiones con la ayuda de empresas privadas de seguridad como las que operan en lugares como Afganistán. De ahí que Naomi Klein, que ha estado intentando hacer un reportaje en la zona, afirme que la costa está dominada por un "extraño Estado corporativo petrolero".

La magnitud de la catástrofe y la indignación ciudadana han obligado a Barack Obama a suspender nuevas exploraciones y perforaciones petroleras durante los próximos seis meses, pero nada garantiza que se eliminen las "exenciones" medioambientales ni que se retomen las perforaciones en Alaska.

No parece que todo esto vaya a afectar a la extracción offshore de hidrocarburos. Brasil sigue apostando por esta vía. En el futuro podrían reiniciarse las exploraciones de Repsol -ahora interrumpidas- frente a las costas canarias, cerca de las cuales pasan por cierto 1.500 barcos petroleros cada año. Y Nigeria se ha convertido en el cuarto proveedor de petróleo de Estados Unidos, con un elevadísimo coste que no aparece en los libros de contabilidad: en el delta del río Níger se vierte cada año una cantidad equivalente a la que se calcula que se ha vertido hasta ahora en el Golfo de México. La destrucción de los medios de vida y la degradación del medio ambiente han llevado a muchas personas, a menudo organizadas en grupos armados, a extraer petróleo de los oleoductos y a destruir infraestructuras petroleras con el objeto de conseguir indemnizaciones o contratos de limpieza, unas infraestructuras degradadas que suelen sufrir bastantes accidentes.

Las compañías petroleras saben que alguien tiene que saciar nuestra sed por los combustibles fósiles. Una discusión seria sobre los costes reales de su actividad, que incluya los riesgos y las externalidades negativas, es lo último que quieren los gobiernos, la industria y los accionistas. A cambio, nos ofrecen espectáculo, en forma de un hipnótico vídeo.