¿Diálogo o monólogo? ( by Javier Ortíz )
Yo sigo con mis problemas de lógica.
Me planteo, por ejemplo, qué significado hay que dar a las palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que las últimas detenciones –las referidas a la presunta red de cobro del mal llamado «impuesto revolucionario»– no tienen por qué alterar la voluntad de Rodríguez Zapatero de iniciar un diálogo con ETA encaminado a fijar las condiciones necesarias para su autodisolución. Dado que el presidente del Gobierno español afirmó que no abriría conversaciones con ETA hasta tener la certeza de que la organización armada ha suspendido realmente todas sus actividades, incluida la extorsión, el anuncio de que va a proponerlas en breve sólo puede querer decir que el grupo de personas detenidas por Grande Marlaska no se dedicaba en este momento al cobro del «impuesto revolucionario».
¿Lo hizo en tiempos? He oído diversas versiones sobre eso. Las hay que sostienen que sí, aunque no necesariamente todos ellos y no necesariamente del lado de los chantajistas: alguno pudo actuar en funciones de intermediación, a petición de la parte violentada. Pero eso, a los efectos, da igual, porque lo que importa es que, de tratarse de una red –cosa que yo no doy por segura, ni mucho menos–, constituiría, según se deduce de las palabras de Rubalcaba, una red inactiva. De lo que se desprendería que el juez ha actuado ahora, precisamente ahora, sin ninguna razón procesal concreta. Lo mismo podría haberlo hecho hace un mes que dejarlo para dentro de otros dos, o seis. Lo único que hay de nuevo en el panorama es la proximidad del anuncio de Zapatero sobre el inicio del diálogo, y no cabe ninguna duda de que la intervención del juez ha contribuido a dificultar ese anuncio. Ya, para empezar, ha aconsejado retrasarlo. (Lo que, de paso, pone en solfa la pretensión del ministro del Interior, que se dijo informado puntualmente de lo que tramaba Marlaska. De haberlo sabido con tiempo, el Gobierno no estaría ahora improvisando cómo adaptarse a sus efectos.)
En todo caso, que la redada de Marlaska no altere la voluntad dialogante del Gobierno no significa que todo siga igual. Porque el Gobierno no puede hablar en nombre de las dos partes que han de participar en el diálogo. ETA también tiene algo que decir.
Aquí se está partiendo –casi todos parecen estar partiendo– de una idea que es no sólo inexacta, sino también peligrosa. Me refiero al sobreentendido de que el alto al fuego permanente de ETA no puede verse alterado por nada, sea lo que sea. Que es definitivo e irreversible. De ser realmente así, el Gobierno podría incluso no tomarse el diálogo con mayor interés. Para qué: la propia ETA se habría encargado de asegurar el objetivo antes incluso de empezar a hablar.
No es así. Y, como el Gobierno tense demasiado la cuerda –o no haga nada concreto para evitar que otros la tensen–, podemos toparnos con sorpresas muy desagradables. No sé si Zapatero es consciente de ello, pero constato que al menos intuye que ese peligro existe. Lo evidenciaron los nervios que su círculo de confianza mostró ayer –no de cara al público, pero sí bajo capa– desde que supo que ETA había suscrito un nuevo comunicado hasta que pudo enterarse de su contenido concreto. Luego Rubalcaba se permitió ironizar sobre ello, fingiéndose de vuelta de todo, pero pocas horas antes no le llegaba la camisa al cuerpo. Y con razón, porque el cántaro está yendo demasiado a la fuente.
Dicen: «¿Y qué puede hacer el Estado de Derecho, sino seguir actuando conforme a las leyes que le son propias?». No es sino una pobre excusa para justificar que o no quieren o –más probablemente– no pueden evitar que los sectores más reaccionarios de la judicatura, que controlan palancas de poder realmente decisivas, se dediquen a zancadillear el proceso de paz.
Por supuesto que cabría actuar de otro modo. En todos los episodios de negociación de conflictos armados los enemigos se conceden determinadas prerrogativas de impunidad. ¿Violan algún principio sacrosanto quienes no apresan de inmediato a los enemigos que se acercan a parlamentar con una bandera blanca por delante? Hace unos días, el subcomandante Marcos explicó en un programa de TVE que él y los suyos pueden pasearse en estos momentos libremente por México porque el Gobierno les tiene concedido un estatuto especial, en tanto que negociadores. ¿Pisotea el Gobierno mexicano alguna exigencia irrenunciable del Estado de Derecho? Por supuesto que no. Es un hecho más que sabido que las circunstancias de excepción a veces deben ser afrontadas con criterios excepcionales. Si no, ¿cómo espera Zapatero dialogar con ETA? ¿Ordenando la detención y encarcelamiento de todo aquel que se presente a parlamentar en nombre de la organización terrorista?
No se crean que la paz es irreversible. Si queremos que alguien salga del lugar en el que se encuentra, debemos asegurarnos de que tiene una salida. De momento yo sólo veo gente empeñada en cerrar las que podrían abrirse.
Me planteo, por ejemplo, qué significado hay que dar a las palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que las últimas detenciones –las referidas a la presunta red de cobro del mal llamado «impuesto revolucionario»– no tienen por qué alterar la voluntad de Rodríguez Zapatero de iniciar un diálogo con ETA encaminado a fijar las condiciones necesarias para su autodisolución. Dado que el presidente del Gobierno español afirmó que no abriría conversaciones con ETA hasta tener la certeza de que la organización armada ha suspendido realmente todas sus actividades, incluida la extorsión, el anuncio de que va a proponerlas en breve sólo puede querer decir que el grupo de personas detenidas por Grande Marlaska no se dedicaba en este momento al cobro del «impuesto revolucionario».
¿Lo hizo en tiempos? He oído diversas versiones sobre eso. Las hay que sostienen que sí, aunque no necesariamente todos ellos y no necesariamente del lado de los chantajistas: alguno pudo actuar en funciones de intermediación, a petición de la parte violentada. Pero eso, a los efectos, da igual, porque lo que importa es que, de tratarse de una red –cosa que yo no doy por segura, ni mucho menos–, constituiría, según se deduce de las palabras de Rubalcaba, una red inactiva. De lo que se desprendería que el juez ha actuado ahora, precisamente ahora, sin ninguna razón procesal concreta. Lo mismo podría haberlo hecho hace un mes que dejarlo para dentro de otros dos, o seis. Lo único que hay de nuevo en el panorama es la proximidad del anuncio de Zapatero sobre el inicio del diálogo, y no cabe ninguna duda de que la intervención del juez ha contribuido a dificultar ese anuncio. Ya, para empezar, ha aconsejado retrasarlo. (Lo que, de paso, pone en solfa la pretensión del ministro del Interior, que se dijo informado puntualmente de lo que tramaba Marlaska. De haberlo sabido con tiempo, el Gobierno no estaría ahora improvisando cómo adaptarse a sus efectos.)
En todo caso, que la redada de Marlaska no altere la voluntad dialogante del Gobierno no significa que todo siga igual. Porque el Gobierno no puede hablar en nombre de las dos partes que han de participar en el diálogo. ETA también tiene algo que decir.
Aquí se está partiendo –casi todos parecen estar partiendo– de una idea que es no sólo inexacta, sino también peligrosa. Me refiero al sobreentendido de que el alto al fuego permanente de ETA no puede verse alterado por nada, sea lo que sea. Que es definitivo e irreversible. De ser realmente así, el Gobierno podría incluso no tomarse el diálogo con mayor interés. Para qué: la propia ETA se habría encargado de asegurar el objetivo antes incluso de empezar a hablar.
No es así. Y, como el Gobierno tense demasiado la cuerda –o no haga nada concreto para evitar que otros la tensen–, podemos toparnos con sorpresas muy desagradables. No sé si Zapatero es consciente de ello, pero constato que al menos intuye que ese peligro existe. Lo evidenciaron los nervios que su círculo de confianza mostró ayer –no de cara al público, pero sí bajo capa– desde que supo que ETA había suscrito un nuevo comunicado hasta que pudo enterarse de su contenido concreto. Luego Rubalcaba se permitió ironizar sobre ello, fingiéndose de vuelta de todo, pero pocas horas antes no le llegaba la camisa al cuerpo. Y con razón, porque el cántaro está yendo demasiado a la fuente.
Dicen: «¿Y qué puede hacer el Estado de Derecho, sino seguir actuando conforme a las leyes que le son propias?». No es sino una pobre excusa para justificar que o no quieren o –más probablemente– no pueden evitar que los sectores más reaccionarios de la judicatura, que controlan palancas de poder realmente decisivas, se dediquen a zancadillear el proceso de paz.
Por supuesto que cabría actuar de otro modo. En todos los episodios de negociación de conflictos armados los enemigos se conceden determinadas prerrogativas de impunidad. ¿Violan algún principio sacrosanto quienes no apresan de inmediato a los enemigos que se acercan a parlamentar con una bandera blanca por delante? Hace unos días, el subcomandante Marcos explicó en un programa de TVE que él y los suyos pueden pasearse en estos momentos libremente por México porque el Gobierno les tiene concedido un estatuto especial, en tanto que negociadores. ¿Pisotea el Gobierno mexicano alguna exigencia irrenunciable del Estado de Derecho? Por supuesto que no. Es un hecho más que sabido que las circunstancias de excepción a veces deben ser afrontadas con criterios excepcionales. Si no, ¿cómo espera Zapatero dialogar con ETA? ¿Ordenando la detención y encarcelamiento de todo aquel que se presente a parlamentar en nombre de la organización terrorista?
No se crean que la paz es irreversible. Si queremos que alguien salga del lugar en el que se encuentra, debemos asegurarnos de que tiene una salida. De momento yo sólo veo gente empeñada en cerrar las que podrían abrirse.
