Manifiesto en favor de la regulación positiva de la prostitución

El Grupo de Estudios de Política Criminal constituido desde 1989 por unos doscientos penalistas -profesores de universidad, jueces y fiscales- se manifestó el mes de noviembre pasado a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos.

Siguiendo las indicaciones de la OIT, que reconoce la prostitución como una actividad económica que deber ser reconocida y regulada en beneficio de quienes la ejercen y, tomando como apoyo una contundente doctrina de la jurisprudencia de nuestros tribunales que respalda esa recomendación internacional de apoyo a los derechos de las/los trabajadoras/es del sexo, este grupo acordó manifestar lo siguiente:

1. Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales, que ni siquiera son hoy en día socialmente mayoritarias y que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aún siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

2. La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable pues, en lugar de erradicar el fenómeno –como pretendía-, lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, el aislamiento y la indefensión de las personas que la ejercen a las que se sitúa en condiciones de máxima vulnerabilidad.

3. A nadie se oculta la hipocresía que supone poner trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales y permitir a cambio que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, fomentando al mismo tiempo una actividad económica sumergida y descontrolada que perjudica a todos.

4. Por otra parte, debe reconocerse que la situación de alegalidad en que se encuentran quienes ejercen la prostitución en condiciones de no reconocimiento favorece su explotación por parte de empresarios que no se creen obligados a respetar sus derechos sociales y laborales básicos, despojándolos de cualquier clase de responsabilidad legal. Es sabido, además, que la persecución del entorno de la prostitución libremente ejercida y de quienes se lucran con ella, perjudica la necesaria transparencia de ese mercado favoreciendo la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. Ello sin perjuicio de nuestro convencimiento de la necesidad de luchar, de manera decidida y eficaz, cualquier forma de actividad sexual forzada.

A la vista de las recientes conclusiones expresadas por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados, este Grupo no puede más que mostrar su repulsa ante la posición de quienes, desde la posición de un Estado que se autocalifica de social, acuerdan negar la ciudadanía laboral a las personas que ejercen la prostitución impidiendo el reconocimiento de su existencia como sujetos de derechos. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de quien, siendo mayor de edad, decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Supone relegarles, sin legitimidad alguna, a la condición de infrasujetos. Esta es una responsabilidad muy grave que una política criminal democrática no debería asumir.