Las mentiras de Griñán y el Decreto-Ley 5/2010 para la consagración del enchufismo y el clientelismo político en Andalucía

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue de nuevo ayer blanco de las protestas de empleados públicos. (...) Harto de lo que considera un mensaje, a su entender, plagado de "mentiras" sobre aspectos que "ni están escritos en ninguna forma ni están en la voluntad de ningún dirigente político de la Junta", Griñán reaccionó enojado y ofreció su versión contra estos "bulos". (...) El presidente andaluz (...) no dudó en afirmar que detrás de esas protestas puede haber "alguien que tenga interés en mentir o en ganar unas elecciones sindicales con bulos".

Huelva Información, 23-10-2010

Durante décadas, el Gobierno andaluz, encabezado por un partido mal llamado socialista y obrero, se ha venido dedicando a crear un sinfín de empresas públicas, una administración paralela sin sentido alguno en la mayoría de las ocasiones, que venían de facto a vaciar de contenido y funciones a las propias Consejerías de la Junta de Andalucía al realizar una buena parte de las que anteriormente a su creación residían y se desarrollaban en ellas. Pero no quedaba ahí la cosa puesto que el régimen de funcionamiento de estas empresas públicas las eximía en gran medida del control público y contable por parte del Parlamento de Andalucía y, por otra parte, permitía la contratación a dedo del personal, con lo que se fueron paulatinamente poblando de amiguetes, familiares y todo tipo de advenedizos leales a los socialistas de pacotilla que hoy (des)gobiernan nuestra Comunidad Autónoma; una progresiva y creciente consolidación del enchufismo y el clientelismo político que tal vez hiciera pensar al PSOE-A que nunca jamás les sería arrebatado su poder cuasi absolutista y cortijero por ningún otro partido político en Andalucía.

Pero la crisis y la deriva ultraliberal que, para seguir favoreciendo a los que la han causado, ha cursado el zapaterismo en el (des)gobierno de España, han venido a demostrar que todo ese aparato bochornoso urdido en Andalucía podría, sí, haber tomado ya las dimensiones de un gigante, pero sin dejar de tener los pies de barro. Y el PSOE-A, sin haber visto todavía las barbas de su vecino cortar -algo que ya casi sin duda alguna sucederá en las próximas elecciones municipales y autonómicas, excluidas de estas últimas las andaluzas que, como de costumbre, se harán coincidir con las generales-, sí que ha visto las orejas al lobo en Andalucía, y ha comenzado a experimentar auténtico pavor ante la posibilidad de que todo ese entramado opaco y vergonzante urdido por el Borbollismo y el Chavismo se les pueda venir abajo en las próximas elecciones autonómicas para la Comunidad Autonómica andaluza.

Y, haciendo honor y uso de ese dicho que afirma que a río revuelto, ganancia de pecadores -y no se trata de una errata-, con la burda y falsa coartada de tratar de reducir el gasto público y hacer más operativa la administración de la Junta de Andalucía como un modo más de enfrentarse a la crisis, ha decidido poner en marcha una nueva operación cortijera para blindar a las más de dos decenas de miles de enchufados que durante décadas ha ido colocando a dedo en las empresas públicas de la Junta de Andalucía. Ese, en esencia, es el principal objetivo que se persigue por parte del (des)Gobierno de Griñán con la entrada en vigor del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Un Decreto-Ley que, en contra de todos los anteriores precedentes para la tramitación de normas de este rango en Andalucía, la mayoría parlamentaria del PSOE en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, con el voto en contra de Partido Popular e Izquierda Unida, se negó a tramitar como Proyecto de Ley.

Pero, además, las consecuencias que puede traer el Decreto-Ley en materia laboral pueden ser ominosamente lesivas para el cuerpo de funcionarios de la Junta de Andalucía, así como para su personal laboral, el cual -es preciso reseñarlo- accedió a esta condición por concurso de méritos y que, para alcanzar la de laboral fijo, ha de hacerlo superando las correspondientes pruebas al efecto. Ahora, con la aplicación del Decreto-Ley de marras, muchos funcionarios terminarán pasando a tener la condición de laborales e, incluso, podrán ver extinguidos sus puestos de trabajo en la relación de puestos de trabajo de la Administración Andaluza. Por el contrario, todos los colocados a dedo por el PSOE en las Empresas Públicas a desaparecer en base al Decreto-Ley pasarían a ostentar, sin concurso de méritos ni examen alguno, la condición de laboral fijo.

Tras todo lo anterior, no parece muy descabellado decir, utilizando un símil religioso, que Borbolla y Chaves los ordenaron y Griñán viene ahora a consagrarlos, en una operación de clientelismo político sin precedente en toda la historia de la democracia en España. Así, si el PP gana las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, el PSOE-A lo tendrá todo atado y muy bien atado, dejando colocados a los suyos y ejerciendo, sin haber seguido los procedimientos reglados para ello, como funcionarios y, probablemente en muchos casos, como auténticos comisarios políticos para entorpecer la labor que, mejor o peor, pudiese desarrollar el Partido Popular en el caso de acceder al gobierno de la Comunidad Autónoma andaluza.

En definitiva, y por tratar de resumir y clarificar un poco una operación, una conspiración tan turbia, lo que pretende el Gobierno del PSOE-A con el Decreto-Ley 5/2010 es, arrebatando para ello a un buen número de funcionarios los derechos adquiridos por Ley y esfuerzo, otorgarlos a sus afiliados y simpatizantes colocados anteriormente a dedo para, en el caso de un cada día más posible gobierno del PP, tener bien situada a una muy nutrida y bien blindada quinta columna con la que hacerles frente en un muy sucio y poco democrático modo de proceder.

Y, ante las protestas de los funcionarios tratando de hacer frente a lo que se les puede venir encima, llega el presidente Griñán, con una desvergí¼enza, una cara dura, una hipocresía y un cinismo propios de tiempos ya afortunadamente pasados, a proclamarse muy ofendido por aquellas, y a decir, en plan gruñón, que el funcionariado andaluz está siendo manipulado por una sarta de mentirosos cuyo único fin es el de ganar las elecciones sindicales. Y lo dice él, un presidente tal vez sólo regente, quizá un títere de Chaves, que encabeza un gobierno y un partido político cada vez más ultraliberales, los cuales han urdido todo el entramado del Decreto-Ley 5/2010 con el objetivo de no perder del todo las elecciones autonómicas en el caso de perderlas en las urnas, y que pretende consagrar de iure la dedocracia, el enchufismo y el clientelismo político que tanto tiempo llevamos ya sufriendo de facto en Andalucía.

Sí, tiene razón Gruñón -perdón, quise decir Griñán-, en todo este asunto hay mucha manipulación, mucha desvergí¼enza, mucha desinformación y muchas mentiras. Pero casi todas por parte del Presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y de los dirigentes del Partido Español (que la S y la O, las perdió hace ya un tiempo) que, con alevosía, han urdido tanto despropósito. Sí, Griñán miente; Griñán es un mentiroso falaz y sin escrúpulos.