Al rico y calentito PGOU a la SGAE

Participar, participar, participar: la clave de la moderna y avanzada democracia, eso que no llega y no llega. Ciudadanos, formados e informados, capaces de defender los intereses sociales frente al apabullante poder del interés privado y su macroeconomía de destrucción +IVA. Participar es cada vez más importante en todos los ámbitos de la vida, pero mucho más lo es en lo relativo al territorio pantanoso del urbanismo, esa cosa que, además de función pública, y según consta en el diccionario de la RAE, debería ser el “conjunto de conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso de las poblaciones según conviene a las necesidades de la vida humana”.

Porque el urbanismo, además de ser, según dicen y pregonan, el motor -por cierto, a punto de gripar de tantos calentones- de nuestra impetuosa macroeconomía, es nido de víboras alimentadas de corrupción, especulación y dinero negro. Inaudito que con un 17 % de viviendas vacías de un parque residencial cifrado en torno a los 24 millones, en España se esté construyendo en los últimos años tantas viviendas como en el resto de los países de la Unión Europea, cargándose para ello, de paso, feraces vegas agrícolas, sistemas dunares inigualables y zonas húmedas insustituibles e irrecuperables, entre otros territorios a proteger. Y sin que haya un currito que pueda acceder a ese derecho constitucional como no sea a base de hipotecarse hasta el cuello a 30, 40 ó 50 años. Para mayor gloria de la gran banca, a la sazón, cada vez más frecuentemente, propietaria de terrenos, promotora inmobiliaria y entidad financiera. ¡Jo! como no se me ocurriría a mí un negocio tan redondo.

Y no son otros que los poderes públicos, todos ellos, los encargados, constitucionalmente, de velar porque esa participación ciudadana se produzca de manera efectiva y, si fuese posible, masiva. Pues bien, más allá de los consabidos y reglados períodos de información pública a los que hay que someter los diferentes trámites del planeamiento urbanístico municipal, que sólo son un mero trámite, valga la redundancia, a cubrir, y que en más de una ocasión vemos como surgen como setas otoñales en pleno mes de agosto, por aquello de la postración vacacional, el fomento de la formación, información y participación de los ciudadanos, en cualquier tema y más en el urbanismo, no es más que una milonga milonguera. Con lo facilito, barato y ejemplificador de la enésima modernización social-demócrata andaluza, que resultaría “colgar” toda la documentación de los famosos PGOU en las web municipales. Pero no, eso no, y si no me creen dense un paseo por las de la provincia de Huelva. A ver cuantos hay. Y de los que hay, cuántos están completos.

Pero el colmo de la repanocha es cuando en un Ayuntamiento, famoso por sus transfugismos escandalosos revestidos de independencia inmaculada al servicio del ciudadano –ya, ya los están reclamando al mismo redil tras no ser tan necesaria la pantomima-, se abre periodo de información pública del Avance de su Plan General de Avasalle Inmobiliario, y, para fomentar esa tan necesaria y deseada políticamente participación, se pone a disposición del personal “participador” o participante, según se prefiera, todita la información en soporte digital –lo dicho, la enésima modernización- lo cual no deja de ser un gran avance. Pero tenía que haber un pero, valga de nuevo la redundante redundancia. Su precio: 45 euritos de nada. Pero, ¡copón de la baraja! ¿Cuarenta y cinco? (con perdón) Ni el Teddy Bautista y sus piratas de la SGAE tratando de hacer botín sin salir de puerto. Esta visto, esto del ladrillo, es el negocio del siglo -como el cochino del que dicen que se aprovecha todo y que gustan hasta sus andares-, ya nos cobran hasta canon, ¡y vaya canon!, por los “cedeses” urbanísticos. ¡Ay, país, país! (de lobos, hombres-lobo, más bien, que los otros casi ya se extinguen)