La Consejería para la Desigualdad y el Malestar Social de la Junta de Andalucía arrebata una niña a sus padres

El pasado 7 de enero, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, nació Esmeralda, colmando de felicidad a sus padres, Sara y David, dos discapacitados psíquicos en paro y sin recursos económicos.

Dos días después, la Consejería para la Desigualdad y el Malestar Social de la Junta de Andalucía que, junto con el resto de los integrantes del Gobierno Andaluz, tanto presume de sus esfuerzos por la eliminación de barreras y la integración de los discapacitados, procedía a secuestrar a la niña arrebatándola de los brazos de su madre. Hipócritas.

Sí, un secuestro con alevosía que ya venía siendo proyectado desde que los Servicios (anti) Sociales de la Junta de Andalucía, integrados para este caso sin duda alguna por un atajo de insensibles y despiadados discapacitados emocionales, supieron del embarazo de Sara. Fueron los propios David y Sara los que se dirigieron a los citados Servicios (anti)Sociales para, ante el temor de que su hijo naciese en situación de desamparo, solicitar ayuda de la administración.

Pero no se puede pedir peras al olmo. Las posibles soluciones que les ofrecieron sólo pueden ser calificadas de miserables y más propias de sociedades donde la pureza y la perfección de la raza se convierten en aberrante leitmotiv del mal gobierno ejercido por unos politicastros sin escrúpulos que de una Comunidad Autónoma como la andaluza que se considera democrática. Éstas fueron abortar, entregar a su hijo a un familiar próximo -alternativas, si es que pueden ser así llamadas, a las que se negó la pareja- o que antes del alumbramiento hubiesen salido por sus propios medios de su situación de desamparo, dado que la administración no estaba dispuesta a prestarles ayuda alguna al respecto. Canallas. Miserables.

Y así, el 9 de enero -y al nauseabundo estilo de Harry el sucio, que en primer lugar disparaba y después procedía a efectuar las preguntas, o de las unidades Precrimen con las que Philip K. Dick y Steven Spielberg nos ilustraron en Minority Report-, unos Servicios (anti) Sociales incompetentes, tras una dejación criminal y absoluta de sus funciones, arrancaron a Esmeralda de los brazos de su madre. Salvajes.

La discapacidad está sobre todo en los ojos del que mira. Sí, y este caso, nos demuestra que Micaela Navarro, Consejera para la Desigualdad y el Malestar Social de la Junta de Andalucía, su delegada en la provincia de Cádiz, Manuela Guntiña, y los funcionarios de medio pelo que tan lamentable e incompetentemente se han ocupado de este caso -por haber visto discapacidad para dar amor y amparo donde probablemente exista todo lo contrario- no están, respectivamente, capacitados para Gobernar o administrar ni siquiera una comunidad de vecinos, ni para trabajar en algo tan delicado y, a la vez, tan importante, como los Servicios Sociales. Incompetentes.

Un caso en los que las diferencias de Sara y David han sido tratadas como un delito y ellos como delincuentes sin derecho a la presunción de inocencia ni a defenderse. Dos seres humanos tratados al modo en que trataría un estado fascista a aquellos que son diferentes. Condenados a perder su hijo no porque se hayan mostrado incapaces para cuidarlo, darle amor y educarlo, sino porque tal vez eso pudiese suceder. Un caso en que la Consejería de Bienestar Social ha demostrado lo inútiles que pueden llegar a ser los que la dirigen y gestionan y como tan sólo se trata de una Consejería fachada para ocultar que al Gobierno de Andalucía se la trae al fresco el bienestar de los ciudadanos, en especial el de aquellos que son diferentes y tienen, por ello, necesidades perentorias que deberían ser cubiertas por la administración con los impuestos que todos los andaluces pagamos y que los gobiernos mal llamados socialistas de España y Andalucía se dedican a repartir alegremente entre adinerados empresarios y banqueros y todo tipo de mangantes de cuello blanco.

¿Qué se podría exigir ante tanto despropósito? En primer lugar, y de manera urgente y prioritaria, Justicia. Que Esmeralda sea devuelta a sus padres y que los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía se ocupen de ofrecerles las condiciones necesarias para que pueda permanecer a su lado.

Y después, sin duda, la dimisión de la Consejera y su Delegada provincial -algo que, por supuesto, nunca harán, pues para ello sería preciso que contaran con los atributos de la responsabilidad y vergí¼enza política en lugar de con esa discapacidad manifiesta para la empatía y el gobierno de los asuntos públicos-, así como que los funcionarios que se ocuparon del caso en cuestión sean expedientados y pasen a ocupar puestos en los que para nada tengan que tratar directamente los problemas de los ciudadanos. Para que nadie más tenga que pasar por el calvario por el que están pasando David y Sara.

En la imagen: Micaela Navarro, Consejera
para la Desigualdad y el Malestar Social de la
Junta de Andalucía y discapacitada emocional.