Habemus princesa

Estupor. O algo así. Esa es la sensación con la que me he desayunado ante la que parece ser la noticia del día, y, sobre todo, con la interpretación que de la misma se hace casi al unísono. Leticia espera otra niña, si es que la ecografía no miente, que ya se han dado casos. Y esta feliz buena nueva, claro, según dicen, ya no hace urgente la reforma constitucional. Y entretanto, eminentes juristas debatiendo sobre sí el hecho de nacer un varón, en lugar de una chica, daría lugar a derechos adquiridos sobre la corona en el mismo instante de venir al mundo -creando un “grave” conflicto constitucional en función de la posible no retroactividad de una reforma posterior de la Carta Magna para despojarla de su flagrante machismo-, o si no habría lugar a tal cuestión hasta el momento de la sucesión al trono.

Y se me antoja que hacer depender con tanta contundencia la necesidad de una posible reforma constitucional -de un asunto de Estado, que es el asunto de todos los ciudadanos- de los atributos sexuales de la futura criatura que habrá de venir al mundo entre algodones, nos coloca en el centro del territorio alucinógeno del más esperpéntico surrealismo. Porque, al fin y al cabo, e independientemente de nuestra condición sexual, todos somos personas y nuestra mayor o menor capacidad intelectual o para desenvolvernos en la vida, depende de otras muchas cosas. Aunque aún queden muchas décadas, puede que siglos, para acabar con la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres por el simple hecho de serlo.

Es por ello que, más bien, creo que la urgencia de una reforma constitucional debería depender de otros muchos asuntos, como el futuro que espera a otras muchas criaturas que vendrán al mundo en infraviviendas o chabolas macilentas entre flores de vertedero, porque la desigualdad propiciada por la taumatúrgica capacidad reguladora del libre mercado así lo impone. Por no hablar de la organización territorial del Estado, la separación de poderes, la corrupción institucional u otros tantos asuntos que hace tiempo comenzaron a desprender olor a podrido. Aunque para mitigar o, incluso, haber evitado en gran parte la alarma social –una alarma social que se produce en el peligroso contexto de una sociedad “des-socializada” y sin fuerza para exigir los derechos que a los ciudadanos se nos están arrebatando por la presión que sobre los estamentos políticos ejerce el poder económico- que muchos de estos asuntos ocasionan, igual hubiera bastado con que los poderes públicos se hubiesen esforzado en propiciar el cumplimiento de gran parte del marco constitucional, y de su desarrollo legislativo, vigente.

Pero todo esto no son más que elucubraciones febriles de mi mente calenturienta, así que no hay porqué preocuparse: habemus princesa.